13 febrero, 2017

Reforma Constitucional en Materia de Amparo

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE AMPARO… SOLO BUENOS DESEOS Y UN MAYOR DESPILFARRO DE RECURSOS[1]

 

“Que todo aquel que se queje con justicia tenga siempre un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el arbitrario”

  José María Morelos y Pavón

 

 

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el día siete de diciembre de 2010, el Dictamen de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103 y 107 de la Constitución General de la República en materia de amparo, reformas que por su trascendencia a continuación se analizan:

 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

 

En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 19 de marzo de 2009, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, presentaron Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución General de la República, turnándose la Iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

 

El ocho de diciembre de dos mil nueve, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República, emitieron dictamen correspondiente a los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

El diez de diciembre de 2009, el Pleno del Senado de la República, aprobó el dictamen, enviándolo a la Cámara de Diputados para su discusión y en su caso aprobación.

 

El quince de diciembre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta referida a la Comisión de Puntos Constitucionales, para emitir el dictamen correspondiente, aprobándola el día martes siete de diciembre de dos mil diez.[2]

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La iniciativa propone ampliar el objeto del Juicio de Amparo, integrando a su ámbito de protección a los derechos fundamentales contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, además de referirse a la posibilidad de resolver en amparo, las controversias suscitadas por normas generales, así como por omisiones en que incurra la autoridad durante un proceso, y se precisa que la protección de derechos fundamentales es independiente de su carácter individual o social.

 

La propuesta establece la figura del amparo adhesivo, otorgando la posibilidad a la parte que haya obtenido sentencia favorable y a la que tenga interés en que subsista el acto de promover el amparo con el objeto de mejorar las consideraciones de la sentencia definitiva, lauto o resolución que pone fin al juicio que determina una solución favorable a sus intereses.

 

En el mismo sentido, en la exposición de motivos  se propone engañosamente “ajustar” el principio de relatividad de las sentencias de amparo, señalándose que éstas, además de ocuparse de individuos particulares, también lo hace respecto de personas morales privadas o sociales que lo hubieren solicitado.

 

Se enfatiza en lo engañoso de la propuesta puesto que como es de todos sabido, el principio de relatividad se encuentra establecido en el artículo 107 fracciones I y II de la Constitución General de la República, estableciendo dos limitaciones:

 

  1. a) El juicio de Amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada., en consecuencia.

 

  1. b) La sentencia que al respecto se emita, solo se ocupará de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja. Esta limitación en la sentencia es a la que se le denomina “Formula de Otero”, puesto que como ha quedado establecido, solo protege al quejoso que haya interpuesto la demanda de garantías., desafortunadamente y como ha quedado demostrado hasta la saciedad, solo los que tienen capacidad económica para contratar los servicios de un abogado pueden gozar de tales beneficios, no así para el resto de los justiciables, que a pesar de que la ley o el acto reclamado sea contrario a la Constitución, por no haber interpuesto el amparo, se considera que consintió su aplicación y tendrá que soportar las cargas correspondientes.

 

 

La falsedad de la afirmación realizada por el Constituyente se puede apreciar del análisis del artículo107 de la CPEUM, cuya reforma se propone precepto que a continuación se transcribe:

 

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

 

I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y  sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

  1. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

 

(El énfasis es nuestro)

 

Como se puede colegir,  lo señalado por los legisladores en la foja número seis del dictamen de minuta sujeto a análisis es falso, puesto que no existe una “declaración general” o un beneficio para aquellas personas que no hubiesen  interpuesto el juicio de amparo correspondiente.

 

Sin embargo, si nuestro Constituyente al tomar en consideración la gran acumulación de asuntos en los que se encuentra inmerso el Poder Judicial de la Federación, hubiese propuesto la derogación de la citada formula y otorgarle efectos erga omnes, por lo cual bastaría que una persona presentara demanda de garantías en contra de una Ley o un acto, y si se declarase su inconstitucionalidad, el derecho se hiciera extensivo para todos los que se encuentren en la misma situación jurídica.

 

Lamentablemente nuestros legisladores solo realizaron una elocuente exposición de motivos, puesto que al analizar el precepto Constitucional que contiene la modificación a la multicitada formula de otero, se puede concluir que únicamente se trata de retórica, puesto que ésta fórmula subsiste.

 

En el mismo sentido, se plantea otorgar a la Corte Suprema de Justicia, la facultad de emitir una declaración general en los Juicios de Amparo Indirecto en revisión en los que se establezca Jurisprudencia por reiteración y se determine la Inconstitucionalidad o la interpretación conforme de una norma general respecto a la Constitución, además de crear un nuevo órgano para la resolución de las contradicciones de tesis entre los tribunales colegiados de un mismo circuito, proponiendo para ello los “plenos de circuito”, con la finalidad de homogeneizar los criterios hacia adentro del circuito previniendo así que tribunales diversos pertenecientes a la misma jurisdicción emitan criterios contradictorios.

 

Los legisladores,- parafraseando al Constitucionalista Felipe Tena Ramírez, al aducir la locución “El Constituyente”-, se propone con la iniciativa fortalecer y perfeccionar al Poder Judicial de la Federación y Consolidar a la Suprema Corte de Justicia Constitucional como Tribunal Constitucional, permitiéndole concentrarse en asuntos que revisten la mayor importancia y trascendencia constitucional.

 

De igual manera y sin señalarlo expresamente, en el dictamen se realiza una antítesis al Juicio de Amparo Directo, con el engañoso argumento de que existe confianza en los tribunales locales, por tal motivo el citado medio extraordinario de defensa solo sea procedente en casos de importancia y trascendencia.

 

Con lo señalado en el párrafo precedente se evidencia la falta de sensatez por parte de los legisladores en relación con los acontecimientos que han cimbrado a nuestra sociedad, como puede señalarse a manera de ejemplo el caso de la Ciudadana Jacinta Marcial quien estuvo presa durante más de tres años, aparentemente por haber  “secuestrado” a seis agentes Federales en  la comunidad de Santiago Mexquititlán, en el estado de  Querétaro, resaltándose el hecho de que el Juzgador (dependiente del Poder Judicial de la Federación) omitió dolosamente concederle a la ciudadana,  la garantía tuteladas por la fracción VIII del artículo 2 de la Constitución General de la República[3], como lo es el de proporcionarle un intérprete, ya que en su momento la  acusada no hablaba el español.

 

Ello es solo uno de los casos que demuestran la  indiferencia, el desconocimiento, o la complicidad (en el peor de los casos) en la inaplicación de las normas jurídicas que debe de imperar en un régimen que se jacte de ser democrático y de estar apegado a derecho,  tanto del juzgador como del  personal actuante de la Procuraduría General de la República, toda vez que con falsas acusaciones pretendieron recluir a una persona inocente, demostrando sus afirmaciones con pruebas inverosímiles; sin embargo nuestro Honorable Congreso de la Unión, ha considerado que  ha existido un abuso en la implementación  del Juicio de Amparo Directo, por ende, pretende que éste medio de defensa solo proceda en casos de “importancia y trascendencia”, sin aclarar si la importancia y trascendencia es para los justiciables o para el partido político del que forman parte.

 

Quizá uno de los apartados rescatables de la reforma Constitucional en comento sea en que tratándose de la suspensión del acto reclamado, se establezca en el marco constitucional un sistema equilibrado que permita cumplir con el fin protector y que cuente con mecanismos para evitar abusos que desvíen su objetivo natural, privilegiando la discrecionalidad de los jueces, consagrando expresamente como elemento para otorgar la suspensión la apariencia del buen derecho, obligando al Juzgador con el citado principio a realizar un análisis ponderado entre la no afectación del interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho.

 

Para delimitar plenamente lo aseverado en el párrafo precedente a continuación se transcribe la Jurisprudencia número 2a./J. 204/2009, aprobada por la  Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal:

 

Registro No. 165659

Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009 Página: 315 Tesis: 2a./J. 204/2009 Jurisprudencia Materia(s): Común

SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: “SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.”, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida.

Contradicción de tesis 31/2007-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Quinto en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo en Materia Civil del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Mayoría de tres votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 204/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del once de noviembre de dos mil nueve.

Nota: La tesis P./J. 15/96 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, página 16

 

En el mismo sentido, se propone eliminar el requisito relativo a declaración de procedencia para que la Suprema Corte Pueda separar a la autoridad y consignarla ante el Juez de distrito en caso de incumplimiento no justificado de sentencias de amparo o repetición de actos reclamados., lo cual es plausible, por las razones ya del todo conocidas, en el sentido de que el fuero solo se utiliza como escudo por los políticos para evitar enfrentar a la justicia por asuntos de carácter penal en los que se encuentran involucrados.

 

CRÍTICAS Y SUGERENCIAS A NUESTROS BRILLANTES LEGISLADORES

 

Se coincide plenamente en que la Institución del Juicio de Amparo debe adecuarse a los tiempos actuales,  sin embargo ello no debe de realizarse basándose en premisas falsas como las utilizadas por el “Constituyente” en la exposición de motivos para la reforma Constitucional analizada, puesto que si bien es cierto que en ésta se aduce que existen problemas graves que aquejan a la justicia federal en materia de amparo directo, como lo es “el espectacular aumento de juicios de garantías que arriban a los Tribunales Colegiados de Circuito” y que traen como consecuencia no solo la demora ilimitada de las resoluciones sino también la pérdida de la confianza de los individuos en la expedición y rapidez de la administración de la justicia, no por ello es  cierto que los gobernados realicemos “un mal uso de esta vía de protección constitucional”[4].

 

Sin embargo, lo que no se comparte y se critica es que los legisladores como nuestros representantes, para atender a una realidad social y por ende al emprender una reforma Constitucional de tal envergadura, lo mínimo que pudieron haber realizado era la organización de mesas de trabajo, en la que escucharan las voces de los diversos sectores afectados  por las innovaciones que de las mesas de análisis surgieran, sin embargo y considerándose que por el solo hecho de haber sido elegidos democráticamente pretender realizar modificaciones a la Constitución sin haber realizado un análisis objetivo es simplemente resolver un problema provocando el surgimiento de otro (s).

 

En la exposición de motivos se contiene la adición de la fracción XIII al artículo 107 de la Constitución General de la República, la cual para un mayor abundamiento a continuación se transcribe la parte conducente:

XIII.- Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe de prevalecer como jurisprudencia.

 

Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los ministros de la Suprema Corte de justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

…”

(El énfasis es nuestro)

 

Como se puede colegir, de la exposición de motivos y de la fracción XIII del artículo 107 antes transcrita, se puede colegir que se faculta al Poder Judicial de la Federación, para  la creación de más burocracia, es decir; la creación de los órganos denominados “Plenos de Circuito”, cuya finalidad sería exclusivamente la de resolver las contradicciones de tesis entre los tribunales colegiados de un mismo circuito.

 

A pesar de las críticas fundadas que ha recibido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ser la más cara del mundo, nuestro Congreso  la premia dotándola de facultades para la creación de “más empleos” a costa del bolsillo de los contribuyentes.

 

Para sustentar la opinión señalada en el párrafo precedente, solo basta analizar lo expuesto por la Politóloga Denise Dresser, en la revista Proceso número 1777 en un análisis denominado “Tiranosaurio mex[5], en el que plasma las siguientes aseveraciones:

 

Desde 2003, el presupuesto asignado a la Suprema Corte ha aumentado. En 2009 la Corte gastó entre un 40% y un 90% más que los Poderes Judiciales de los estados. Hoy la SCJN gasta mucho más que otros tribunales prestigiados en el mundo y para muestra a continuación se transcribe una serie de comparaciones:

 

  • La Suprema Corte de Estados Unidos aplica el 37% de lo que gasta la nuestra.
  • La de Canadá aplica el 15.20% de lo que gasta la nuestra.
  • El Tribunal de España solo gasta el 14.4% de lo que desembolsa la nuestra.
  • El Tribunal de Perú solo gasta ¡¡ El 3% !! de lo que gasta nuestra SCJN.

 

Y lo que tenemos es una SCJN excesivamente cara y comparativamente improductiva porque ha seguido las prácticas del viejo régimen, las reglas del juego de la era priista que la convirtieron en la función pública, en una fórmula para la distribución del botín. Para la contratación de familiares[6]. Para la creación de empleos.

 

En el mismo sentido es de desestimarse el argumento falaz contenido el último párrafo de la foja número 15 del Dictamen de la Minuta con proyecto sujeto a análisis en el que los congresistas concluyen como una de los problemas graves que aquejan a la justicia federal en materia de amparo directo, es el aumento de juicios de garantías que arriban a los Tribunales Colegiados de Circuitos, considerando como una de las causas el “engrose demográfico del país -15 millones en 1917 y 107 millones de habitantes en 2006”, sin embargo, tomando en consideración el análisis de los investigadores del CIDE, la SCJN, con sus 3 mil 116 funcionarios,  tiene siete veces más personal que la Suprema Corte Estadounidense (país que tiene aproximadamente 300 millones de habitantes)  y 45 veces más que el Tribunal Constitucional de Chile. Peor aún: de esas 3 mil 116 plazas, el 75% son para funciones de carácter administrativo y solo el 25% sirven en funciones sustantivas o Jurisdiccionales[7]. Por tal motivo, el número de habitantes no es una justificación válida para plantear el acotamiento del juicio de amparo directo.

 

Desafortunadamente nuestros legisladores no admiten que su trabajo legislativo es parte del problema que afronta el Poder Judicial de la Federación, puesto que al aprobar leyes ambiguas, contradictorias, con enormes lagunas, e incluso violatorias de la Constitución General de la República, provocan además de un descontento generalizado, la presentación de numerosos Amparos Indirectos, los cuales indefectiblemente concluyen en los Tribunales Colegiados de Circuitos en la revisión correspondiente. Ejemplo de ello es, la aprobación en su momento de los Impuestos a la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios e Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, por señalar solo algunos.

 

Solo basta con analizar la siguiente tabla en la  que se contiene que del 15 de noviembre de 2008 al 15 de noviembre de 2009 se resolvieron en los tribunales Colegiados de Circuitos un total de 288,686  expedientes por las materias que a continuación se señalan[8]:

 

En materia penal 38,489 Amparos Directos

En materia Administrativa 105,126

En materia civil 70,349

En materia del trabajo 74,722

 

Como se puede apreciar, en materia administrativa se presentaron 105,126 Amparos Directos, lo que equivale a un 36% del total, de los cuales en su gran mayoría son de carácter fiscal.

 

Por lo antes expuesto y fundado, lo que debieron de haber discutido y aprobado nuestros Congresistas, es que las autoridades administrativas se encuentren obligadas a acatar la Jurisprudencia y reformar  lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, preceptos que por su trascendencia a continuación se transcriben:

 

Artículo 192.– La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

 

Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en los casos de jurisprudencia de las salas.

 

También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de

Salas y de Tribunales Colegiados.

 

Artículo 193.– La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

 

Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que integran cada tribunal colegiado.

 

Una solución EFECTIVA al problema planteado por nuestros legisladores, sería la de reformar los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo e incluir que la Jurisprudencia sea OBLIGATORIA para las autoridades administrativas.

 

¿Cuál es  la razón por la que se plantea la reforma a una Ley secundaria, como lo es la Ley de Amparo?

 

Es de todos sabido que en materia fiscal existen medios ordinarios de defensa, (como lo es el Recurso de Revocación o en su caso el Recurso de Inconformidad, tratándose este último de la impugnación de resoluciones emitidas por el IMSS e INFONAVIT)  los cuales son “optativos” para el interesado antes de acudir ante la Sala correspondiente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por tal motivo en la actualidad difícilmente la autoridad que resuelve el medio de defensa le otorgará la razón al gobernado, sin embargo al existir Jurisprudencia y que su aplicación le resulte obligatoria a la autoridad administrativa, no tendría justificación para negarle la razón al recurrente en la resolución correspondiente, evitando con ello cargas adicionales  tanto al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como en su caso al Tribunal Colegiado de Circuito, puesto que sería un asunto menos que no conocerían al haberse resuelto previamente.

 

Por supuesto que sería necesario realizar las adecuaciones necesarias en la legislación secundaria para constreñir a los tribunales administrativos y en su caso jurisdiccionales en  la aplicación de las Jurisprudencias que les sean obligatorias, toda vez que desafortunadamente en la práctica, la experiencia es desilusionante en relación a tales interpretaciones, habida cuenta que los órganos de aplicar el derecho a un caso concreto, con el afán de favorecer a una de las partes, dictan sentencia omitiendo acatar las Jurisprudencias que le son obligatorias, lo que si bien es cierto  su omisión en la valoración de éstas pudiese ser constitutiva de delito, no menos cierto es que tratándose de amparos directos, la sentencia no admite recurso alguno, mediante el cual se puedan constreñir  a valorar la Jurisprudencia sustentada.

 

Por supuesto que la reforma Constitucional en comento se encuentra pendientes de ratificación por las legislaturas de los estados, sin embargo por la “importancia” de las mismas, es casi inminente su aprobación por parte de las legislaturas.

[1] C.P.R. y L.D. SANTIAGO MEZA LÓPEZ  Especialista en Defensa Fiscal. Socio del Despacho GAFE, CONTADORES & ABOGADOS, S.C., www.gafe.com.mx  santiago@gafe.com.mx

[2] Dictamen de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[3] ARTÍCULO 2. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

FRACCIÓN VIII.  Acceder plenamente a la jurisdicción del estado. para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta constitución. los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

[4] Lo afirmado se contiene en la foja número 17 del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en materia de Amparo.

[5] La información en la que se basa la C. Denise Dresser para realizar su opinión se basa en la investigación titulada ¿Por qué nos cuesta tanto la Suprema Corte?, Realizada por los C. Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni, investigadores del CIDE.

 

[6]http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/pdfExclusiva/47224http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/pdfExclusiva/47224.

[7] Dresser, Denise, Tiranosaurio mex, revista proceso 1777, página 50.

[8] www.scjn.gob.mx

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE AMPARO… SOLO BUENOS DESEOS Y UN MAYOR DESPILFARRO DE RECURSOS[1]

 

 

“Que todo aquel que se queje con justicia tenga siempre un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el arbitrario”

 

 

José María Morelos y Pavón

 

 

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el día siete de diciembre de 2010, el Dictamen de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103 y 107 de la Constitución General de la República en materia de amparo, reformas que por su trascendencia a continuación se analizan:

 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

 

En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Senadores el 19 de marzo de 2009, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, presentaron Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución General de la República, turnándose la Iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

 

El ocho de diciembre de dos mil nueve, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República, emitieron dictamen correspondiente a los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

El diez de diciembre de 2009, el Pleno del Senado de la República, aprobó el dictamen, enviándolo a la Cámara de Diputados para su discusión y en su caso aprobación.

 

El quince de diciembre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta referida a la Comisión de Puntos Constitucionales, para emitir el dictamen correspondiente, aprobándola el día martes siete de diciembre de dos mil diez.[2]

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La iniciativa propone ampliar el objeto del Juicio de Amparo, integrando a su ámbito de protección a los derechos fundamentales contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, además de referirse a la posibilidad de resolver en amparo, las controversias suscitadas por normas generales, así como por omisiones en que incurra la autoridad durante un proceso, y se precisa que la protección de derechos fundamentales es independiente de su carácter individual o social.

 

La propuesta establece la figura del amparo adhesivo, otorgando la posibilidad a la parte que haya obtenido sentencia favorable y a la que tenga interés en que subsista el acto de promover el amparo con el objeto de mejorar las consideraciones de la sentencia definitiva, lauto o resolución que pone fin al juicio que determina una solución favorable a sus intereses.

 

En el mismo sentido, en la exposición de motivos  se propone engañosamente “ajustar” el principio de relatividad de las sentencias de amparo, señalándose que éstas, además de ocuparse de individuos particulares, también lo hace respecto de personas morales privadas o sociales que lo hubieren solicitado.

 

Se enfatiza en lo engañoso de la propuesta puesto que como es de todos sabido, el principio de relatividad se encuentra establecido en el artículo 107 fracciones I y II de la Constitución General de la República, estableciendo dos limitaciones:

 

  1. a) El juicio de Amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada., en consecuencia.

 

  1. b) La sentencia que al respecto se emita, solo se ocupará de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja. Esta limitación en la sentencia es a la que se le denomina “Formula de Otero”, puesto que como ha quedado establecido, solo protege al quejoso que haya interpuesto la demanda de garantías., desafortunadamente y como ha quedado demostrado hasta la saciedad, solo los que tienen capacidad económica para contratar los servicios de un abogado pueden gozar de tales beneficios, no así para el resto de los justiciables, que a pesar de que la ley o el acto reclamado sea contrario a la Constitución, por no haber interpuesto el amparo, se considera que consintió su aplicación y tendrá que soportar las cargas correspondientes.

 

 

La falsedad de la afirmación realizada por el Constituyente se puede apreciar del análisis del artículo107 de la CPEUM, cuya reforma se propone precepto que a continuación se transcribe:

 

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

 

I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y  sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

  1. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

 

(El énfasis es nuestro)

 

Como se puede colegir,  lo señalado por los legisladores en la foja número seis del dictamen de minuta sujeto a análisis es falso, puesto que no existe una “declaración general” o un beneficio para aquellas personas que no hubiesen  interpuesto el juicio de amparo correspondiente.

 

Sin embargo, si nuestro Constituyente al tomar en consideración la gran acumulación de asuntos en los que se encuentra inmerso el Poder Judicial de la Federación, hubiese propuesto la derogación de la citada formula y otorgarle efectos erga omnes, por lo cual bastaría que una persona presentara demanda de garantías en contra de una Ley o un acto, y si se declarase su inconstitucionalidad, el derecho se hiciera extensivo para todos los que se encuentren en la misma situación jurídica.

 

Lamentablemente nuestros legisladores solo realizaron una elocuente exposición de motivos, puesto que al analizar el precepto Constitucional que contiene la modificación a la multicitada formula de otero, se puede concluir que únicamente se trata de retórica, puesto que ésta fórmula subsiste.

 

En el mismo sentido, se plantea otorgar a la Corte Suprema de Justicia, la facultad de emitir una declaración general en los Juicios de Amparo Indirecto en revisión en los que se establezca Jurisprudencia por reiteración y se determine la Inconstitucionalidad o la interpretación conforme de una norma general respecto a la Constitución, además de crear un nuevo órgano para la resolución de las contradicciones de tesis entre los tribunales colegiados de un mismo circuito, proponiendo para ello los “plenos de circuito”, con la finalidad de homogeneizar los criterios hacia adentro del circuito previniendo así que tribunales diversos pertenecientes a la misma jurisdicción emitan criterios contradictorios.

 

Los legisladores,- parafraseando al Constitucionalista Felipe Tena Ramírez, al aducir la locución “El Constituyente”-, se propone con la iniciativa fortalecer y perfeccionar al Poder Judicial de la Federación y Consolidar a la Suprema Corte de Justicia Constitucional como Tribunal Constitucional, permitiéndole concentrarse en asuntos que revisten la mayor importancia y trascendencia constitucional.

 

De igual manera y sin señalarlo expresamente, en el dictamen se realiza una antítesis al Juicio de Amparo Directo, con el engañoso argumento de que existe confianza en los tribunales locales, por tal motivo el citado medio extraordinario de defensa solo sea procedente en casos de importancia y trascendencia.

 

Con lo señalado en el párrafo precedente se evidencia la falta de sensatez por parte de los legisladores en relación con los acontecimientos que han cimbrado a nuestra sociedad, como puede señalarse a manera de ejemplo el caso de la Ciudadana Jacinta Marcial quien estuvo presa durante más de tres años, aparentemente por haber  “secuestrado” a seis agentes Federales en  la comunidad de Santiago Mexquititlán, en el estado de  Querétaro, resaltándose el hecho de que el Juzgador (dependiente del Poder Judicial de la Federación) omitió dolosamente concederle a la ciudadana,  la garantía tuteladas por la fracción VIII del artículo 2 de la Constitución General de la República[3], como lo es el de proporcionarle un intérprete, ya que en su momento la  acusada no hablaba el español.

 

Ello es solo uno de los casos que demuestran la  indiferencia, el desconocimiento, o la complicidad (en el peor de los casos) en la inaplicación de las normas jurídicas que debe de imperar en un régimen que se jacte de ser democrático y de estar apegado a derecho,  tanto del juzgador como del  personal actuante de la Procuraduría General de la República, toda vez que con falsas acusaciones pretendieron recluir a una persona inocente, demostrando sus afirmaciones con pruebas inverosímiles; sin embargo nuestro Honorable Congreso de la Unión, ha considerado que  ha existido un abuso en la implementación  del Juicio de Amparo Directo, por ende, pretende que éste medio de defensa solo proceda en casos de “importancia y trascendencia”, sin aclarar si la importancia y trascendencia es para los justiciables o para el partido político del que forman parte.

 

Quizá uno de los apartados rescatables de la reforma Constitucional en comento sea en que tratándose de la suspensión del acto reclamado, se establezca en el marco constitucional un sistema equilibrado que permita cumplir con el fin protector y que cuente con mecanismos para evitar abusos que desvíen su objetivo natural, privilegiando la discrecionalidad de los jueces, consagrando expresamente como elemento para otorgar la suspensión la apariencia del buen derecho, obligando al Juzgador con el citado principio a realizar un análisis ponderado entre la no afectación del interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho.

 

Para delimitar plenamente lo aseverado en el párrafo precedente a continuación se transcribe la Jurisprudencia número 2a./J. 204/2009, aprobada por la  Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal:

 

Registro No. 165659

Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009 Página: 315 Tesis: 2a./J. 204/2009 Jurisprudencia Materia(s): Común

SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: “SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.”, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida.

Contradicción de tesis 31/2007-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Quinto en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo en Materia Civil del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Mayoría de tres votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 204/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del once de noviembre de dos mil nueve.

Nota: La tesis P./J. 15/96 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, página 16

 

En el mismo sentido, se propone eliminar el requisito relativo a declaración de procedencia para que la Suprema Corte Pueda separar a la autoridad y consignarla ante el Juez de distrito en caso de incumplimiento no justificado de sentencias de amparo o repetición de actos reclamados., lo cual es plausible, por las razones ya del todo conocidas, en el sentido de que el fuero solo se utiliza como escudo por los políticos para evitar enfrentar a la justicia por asuntos de carácter penal en los que se encuentran involucrados.

 

CRÍTICAS Y SUGERENCIAS A NUESTROS BRILLANTES LEGISLADORES

 

Se coincide plenamente en que la Institución del Juicio de Amparo debe adecuarse a los tiempos actuales,  sin embargo ello no debe de realizarse basándose en premisas falsas como las utilizadas por el “Constituyente” en la exposición de motivos para la reforma Constitucional analizada, puesto que si bien es cierto que en ésta se aduce que existen problemas graves que aquejan a la justicia federal en materia de amparo directo, como lo es “el espectacular aumento de juicios de garantías que arriban a los Tribunales Colegiados de Circuito” y que traen como consecuencia no solo la demora ilimitada de las resoluciones sino también la pérdida de la confianza de los individuos en la expedición y rapidez de la administración de la justicia, no por ello es  cierto que los gobernados realicemos “un mal uso de esta vía de protección constitucional”[4].

 

Sin embargo, lo que no se comparte y se critica es que los legisladores como nuestros representantes, para atender a una realidad social y por ende al emprender una reforma Constitucional de tal envergadura, lo mínimo que pudieron haber realizado era la organización de mesas de trabajo, en la que escucharan las voces de los diversos sectores afectados  por las innovaciones que de las mesas de análisis surgieran, sin embargo y considerándose que por el solo hecho de haber sido elegidos democráticamente pretender realizar modificaciones a la Constitución sin haber realizado un análisis objetivo es simplemente resolver un problema provocando el surgimiento de otro (s).

 

En la exposición de motivos se contiene la adición de la fracción XIII al artículo 107 de la Constitución General de la República, la cual para un mayor abundamiento a continuación se transcribe la parte conducente:

XIII.- Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe de prevalecer como jurisprudencia.

 

Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los ministros de la Suprema Corte de justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

…”

(El énfasis es nuestro)

 

Como se puede colegir, de la exposición de motivos y de la fracción XIII del artículo 107 antes transcrita, se puede colegir que se faculta al Poder Judicial de la Federación, para  la creación de más burocracia, es decir; la creación de los órganos denominados “Plenos de Circuito”, cuya finalidad sería exclusivamente la de resolver las contradicciones de tesis entre los tribunales colegiados de un mismo circuito.

 

A pesar de las críticas fundadas que ha recibido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ser la más cara del mundo, nuestro Congreso  la premia dotándola de facultades para la creación de “más empleos” a costa del bolsillo de los contribuyentes.

 

Para sustentar la opinión señalada en el párrafo precedente, solo basta analizar lo expuesto por la Politóloga Denise Dresser, en la revista Proceso número 1777 en un análisis denominado “Tiranosaurio mex[5], en el que plasma las siguientes aseveraciones:

 

Desde 2003, el presupuesto asignado a la Suprema Corte ha aumentado. En 2009 la Corte gastó entre un 40% y un 90% más que los Poderes Judiciales de los estados. Hoy la SCJN gasta mucho más que otros tribunales prestigiados en el mundo y para muestra a continuación se transcribe una serie de comparaciones:

 

  • La Suprema Corte de Estados Unidos aplica el 37% de lo que gasta la nuestra.
  • La de Canadá aplica el 15.20% de lo que gasta la nuestra.
  • El Tribunal de España solo gasta el 14.4% de lo que desembolsa la nuestra.
  • El Tribunal de Perú solo gasta ¡¡ El 3% !! de lo que gasta nuestra SCJN.

 

Y lo que tenemos es una SCJN excesivamente cara y comparativamente improductiva porque ha seguido las prácticas del viejo régimen, las reglas del juego de la era priista que la convirtieron en la función pública, en una fórmula para la distribución del botín. Para la contratación de familiares[6]. Para la creación de empleos.

 

En el mismo sentido es de desestimarse el argumento falaz contenido el último párrafo de la foja número 15 del Dictamen de la Minuta con proyecto sujeto a análisis en el que los congresistas concluyen como una de los problemas graves que aquejan a la justicia federal en materia de amparo directo, es el aumento de juicios de garantías que arriban a los Tribunales Colegiados de Circuitos, considerando como una de las causas el “engrose demográfico del país -15 millones en 1917 y 107 millones de habitantes en 2006”, sin embargo, tomando en consideración el análisis de los investigadores del CIDE, la SCJN, con sus 3 mil 116 funcionarios,  tiene siete veces más personal que la Suprema Corte Estadounidense (país que tiene aproximadamente 300 millones de habitantes)  y 45 veces más que el Tribunal Constitucional de Chile. Peor aún: de esas 3 mil 116 plazas, el 75% son para funciones de carácter administrativo y solo el 25% sirven en funciones sustantivas o Jurisdiccionales[7]. Por tal motivo, el número de habitantes no es una justificación válida para plantear el acotamiento del juicio de amparo directo.

 

Desafortunadamente nuestros legisladores no admiten que su trabajo legislativo es parte del problema que afronta el Poder Judicial de la Federación, puesto que al aprobar leyes ambiguas, contradictorias, con enormes lagunas, e incluso violatorias de la Constitución General de la República, provocan además de un descontento generalizado, la presentación de numerosos Amparos Indirectos, los cuales indefectiblemente concluyen en los Tribunales Colegiados de Circuitos en la revisión correspondiente. Ejemplo de ello es, la aprobación en su momento de los Impuestos a la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios e Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, por señalar solo algunos.

 

Solo basta con analizar la siguiente tabla en la  que se contiene que del 15 de noviembre de 2008 al 15 de noviembre de 2009 se resolvieron en los tribunales Colegiados de Circuitos un total de 288,686  expedientes por las materias que a continuación se señalan[8]:

 

En materia penal 38,489 Amparos Directos

En materia Administrativa 105,126

En materia civil 70,349

En materia del trabajo 74,722

 

Como se puede apreciar, en materia administrativa se presentaron 105,126 Amparos Directos, lo que equivale a un 36% del total, de los cuales en su gran mayoría son de carácter fiscal.

 

Por lo antes expuesto y fundado, lo que debieron de haber discutido y aprobado nuestros Congresistas, es que las autoridades administrativas se encuentren obligadas a acatar la Jurisprudencia y reformar  lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, preceptos que por su trascendencia a continuación se transcriben:

 

Artículo 192.– La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

 

Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en los casos de jurisprudencia de las salas.

 

También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de

Salas y de Tribunales Colegiados.

 

Artículo 193.– La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

 

Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que integran cada tribunal colegiado.

 

Una solución EFECTIVA al problema planteado por nuestros legisladores, sería la de reformar los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo e incluir que la Jurisprudencia sea OBLIGATORIA para las autoridades administrativas.

 

¿Cuál es  la razón por la que se plantea la reforma a una Ley secundaria, como lo es la Ley de Amparo?

 

Es de todos sabido que en materia fiscal existen medios ordinarios de defensa, (como lo es el Recurso de Revocación o en su caso el Recurso de Inconformidad, tratándose este último de la impugnación de resoluciones emitidas por el IMSS e INFONAVIT)  los cuales son “optativos” para el interesado antes de acudir ante la Sala correspondiente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por tal motivo en la actualidad difícilmente la autoridad que resuelve el medio de defensa le otorgará la razón al gobernado, sin embargo al existir Jurisprudencia y que su aplicación le resulte obligatoria a la autoridad administrativa, no tendría justificación para negarle la razón al recurrente en la resolución correspondiente, evitando con ello cargas adicionales  tanto al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como en su caso al Tribunal Colegiado de Circuito, puesto que sería un asunto menos que no conocerían al haberse resuelto previamente.

 

Por supuesto que sería necesario realizar las adecuaciones necesarias en la legislación secundaria para constreñir a los tribunales administrativos y en su caso jurisdiccionales en  la aplicación de las Jurisprudencias que les sean obligatorias, toda vez que desafortunadamente en la práctica, la experiencia es desilusionante en relación a tales interpretaciones, habida cuenta que los órganos de aplicar el derecho a un caso concreto, con el afán de favorecer a una de las partes, dictan sentencia omitiendo acatar las Jurisprudencias que le son obligatorias, lo que si bien es cierto  su omisión en la valoración de éstas pudiese ser constitutiva de delito, no menos cierto es que tratándose de amparos directos, la sentencia no admite recurso alguno, mediante el cual se puedan constreñir  a valorar la Jurisprudencia sustentada.

 

Por supuesto que la reforma Constitucional en comento se encuentra pendientes de ratificación por las legislaturas de los estados, sin embargo por la “importancia” de las mismas, es casi inminente su aprobación por parte de las legislaturas.

[1] C.P.R. y L.D. SANTIAGO MEZA LÓPEZ  Especialista en Defensa Fiscal. Socio del Despacho GAFE, CONTADORES & ABOGADOS, S.C., www.gafe.com.mx  santiago@gafe.com.mx

[2] Dictamen de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[3] ARTÍCULO 2. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

FRACCIÓN VIII.  Acceder plenamente a la jurisdicción del estado. para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta constitución. los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

[4] Lo afirmado se contiene en la foja número 17 del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en materia de Amparo.

[5] La información en la que se basa la C. Denise Dresser para realizar su opinión se basa en la investigación titulada ¿Por qué nos cuesta tanto la Suprema Corte?, Realizada por los C. Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni, investigadores del CIDE.

 

[6]http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/pdfExclusiva/47224http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/pdfExclusiva/47224.

[7] Dresser, Denise, Tiranosaurio mex, revista proceso 1777, página 50.

[8] www.scjn.gob.mx